Promulgada por Pinochet un día antes de dejar el poder, la LOCE abrió la puerta a la educación como un desregulado negocio que casi no permite fiscalizar la calidad de la enseñanza. Algo aberrante -dicen los expertos-, cuando es el Estado el que brinda el dinero para que escuelas o liceos funcionen, en no pocos casos, acogiendo sólo a alumnos que les aseguren buena nota en el Simce. El lucro con fondos públicos.
Más allá del apuro con que la dictadura terminó promulgándola el 10 de marzo de 1990 -es decir, un día antes de que Augusto Pinochet abandonara el poder-, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) tiene su prehistoria. En rigor, toda una década que arrancó con la Ley de Subvenciones de 1981, continuó por varios años con la municipalización de la educación y culminó en la LOCE como la consagración de toda una lógica libremercadista de la educación.
Si la LOCE tardó unos diez años en nacer fue -comenta la directora del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, PIIE- Loreto Egaña, porque “había diferencias entre los estatistas y los neoliberales”, resume. Las diferencias fueron resueltas sin un ideólogo muy claro y, por cierto, con bastante apuro por la caída del régimen. Todo a favor de un texto con rango constitucional, de alto quórum y que, en suma, abrió la puerta a la educación como negocio. Desde la escuela básica a la universidad.
Esfuerzos por modificarla, aunque focalizados en la educación universitaria, han existido durante los ’90. Ninguno de ellos, sin embargo, llegó al Parlamento donde la derecha siempre ha mostrado su objeción. El debate, por cierto, siempre se enredó en el camino.
Dos puntos, son a juicio de Egaña, los más importantes que han puesto los estudiantes secundarios para oponerse a la LOCE. Uno es cómo la ley alza el derecho a la libertad de enseñanza y de la libre empresa por encima del derecho a la educación. Lo otro es cómo la ley permite que los colegios seleccionen a los alumnos y cómo, en la práctica van segregando o discriminando a los estudiantes que, por diversas razones, no pueden ingresar a un mejor colegio.
Selección-exclusión
Egaña y Redondo, al margen de precisar casi la mitad del articulado de la LOCE se destina a definir el modo de privatización de la enseñanza universitaria, se detienen además al analizar otro de los puntos que descolocan a los secundarios: la libertad de los sostenedores para seleccionar alumnos y, en definitiva, para dejar a buena parte a la vereda del camino de la mala educación.
El derecho a la libertad de enseñanza ha permitido -explica Egaña-, que los sostenedores particulares seleccionen a los alumnos que le acomodan, dejando fuera a los más pobres o aquellos con problemas de aprendizaje que por lo demás son más caros, “y además tiene la libertad para expulsarlos”, expone la investigadora. “Entonces quienes no acceden a estos colegios particulares o subvencionados, se van a los colegios municipales donde los tienen que recibir sin distinción, y los municipios no están en condiciones pues ya cargan con una mochila que no los deja caminar”, explica.
La lógica de mercado -sostiene Redondo-, ha funcionado como corresponde: “selecciona alumnos porque es más barato educar alumnos buenos, y los malos van al sistema público. La ley dice que los papás tienen la libertad de elegir en qué colegio pone a su hijo, pero la realidad es que el papá mira a ver si le eligen a su hijo, no es él quien va a elegir. Todo eso no se puede regular hoy porque la LOCE lo cautela con rango constitucional”, redondea el experto.
Loreto Egaña establece similar conclusión. La LOCE consagró el ranking de colegios según el Simce, y eso claramente no responde a una política educacional, sino obedece -refuerza-, a una lógica de mercado que no necesariamente, y menos midiendo sólo resultados en lenguaje y matemáticas, por ejemplo, habla de la calidad de la educación”. Más que una ayuda, la LOCE, concluyen os expertos, ha sido “una camisa de fuerza”.